trabajador*s sexuales: cuerpo, sexualidad y prejuicios


Cuando el hilo se corta por lo más delgado


(De nuestra redacción). “El trabajo sexual no es igual a la Trata”, dice un cartel pegado en una pared en pleno centro de la ciudad de Córdoba. Estas publicaciones no son espontáneas en la Ciudad, sino que surgen luego de que el gobernador José Manuel De la Sota anunciara con bombos y platillos el envío a la Legislatura del proyecto de ley que prohibirá la existencia de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boites, o establecimientos y/o locales de alterne. También, prohíbe abrir nuevos locales bajo cualquier forma o modalidad y la adhesión al decreto del Poder Ejecutivo Nacional que prohíbe los anuncios de oferta sexual. El anuncio se realizó a mediados de mes y a partir de allí muchas voces surgieron para manifestarse a favor o en contra de la medida del Gobernador. El ministro de Seguridad, Alejo Paredes- quien aún no se reincorporó a sus funciones luego de su problema de salud pero participó del acto oficial- adelantó que la Policía de la provincia de Córdoba recibirá mayores recursos presupuestales, técnicos y humanos para desarrollar su lucha contra la trata de personas y el narcotráfico, otras de las promesas del Gobernador. Otras de las expresiones que afloraron con el marketineado anuncio, fue el proyecto presentado desde el bloque de la Unicameral del Frente Cívico. El juecismo elevó la propuesta de penar con la misma dureza que a los regenteadores, a los clientes consumidores de sexo rentado. La pena sería de prisión de dos días a tres meses para aquellos que concurran a los locales que ofrezcan sexo. Una de las voces que surgió fue, también, la de Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón. Esta mujer dedicó los últimos 10 años de su vida a la búsqueda de su hija que fue secuestrada en Tucumán en 2002, forzada a prostituirse y aún se encuentra desaparecida. Trimarco llegó a Córdoba con motivo de los anuncios y aseguró que el proyecto de ley contra la trata de personas que presentó De la Sota “es una maravilla y un ejemplo que deberían seguir los restantes gobernadores”. Muchas otras fueron las voces a favor de este proyecto. No obstante, hubo una muy importante que no fue consultada a la hora de pensar en un plan para combatir la trata o explotación sexual y que poca difusión tuvo en los medios de comunicación. Me refiero a la voz de las implicadas, de las trabajadoras sexuales. Desde Ammar (Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas), gremio donde están organizadas 800 trabajadoras sexuales, se oponen firmemente a este proyecto de ley que tanto ruido hizo en la víspera de la Semana de Mayo. El artículo tercero de la norma, establece que “se entiende por whiskería, cabaret, club nocturno, boite y/o local de alterne: a) A todo lugar abierto al público o de acceso al público en donde se realicen, toleren, promocionen, regenteen, organicen o de cualquier modo se faciliten actos de prostitución u oferta sexual cualquiera sea su tipo o modalidad. b) A todos los locales de cualquier tipo abiertos al público o de acceso al público en donde los concurrentes y/o clientes traten con hombres y/o mujeres contratados para estimular a hacer gasto en su compañía”. Con dicha definición puede deducirse que es tan amplia la interpretación que pueda hacerse de la misma, que incluso, podría prohibirse el trabajo sexual mismo y legitimar la persecución policial. “Nadie ha salido a dar respuesta de qué sucederá con el sostén de las 800 afiliadas y su grupo familiar, de qué modo se va a poder ejercer su trabajo, que es licito en términos constitucionales y en el derecho internacional (OIT) sin estar violando la nueva ley, que no brinda alternativas”, reza el comunicado que puede leerse en su sitio de la red social. La asociación deja en claro que están a favor de la lucha contra la Trata de Personas y la explotación sexual. Están a favor, también, del trabajo sexual como una decisión de vida tomada por propia voluntad por mujeres mayores de edad y el cual representa su sustento de vida. Esta ley atenta contra su fuente de trabajo y el Estado no ofrece ninguna otra solución a cambio. Parece, entonces, que una vez más el Estado busca con estas medidas demagógicas poner sobre el tapete un problema, que es real, como la Trata de Personas pero ofrece una salida que lejos está de ser una solución. Mas sólo ayudará a que se clandestinice aún más la prostitución que ha sido calificada como la “profesión más antigua del mundo”, ya que se conoce desde que existen registros históricos de algún tipo, y en prácticamente todas las sociedades. Una vez más, se corta el hilo por lo más delgado.


¿COMBATIR LA TRATA DE PERSONAS O LA PROSTITUCIÓN?


En el marco de las nuevas políticas en materia de Trata de Personas y Explotación Sexual, presentadas por el Gobernador de la provincia de Córdoba, compartimos con ustedes un artículo elaborado por Jimena C. Kedikian Renaudeau, coordinadora del grupo “Trata y Explotación Sexual” de Inecip. Nicolás Macchione Director Inecip Córdoba TEL: 0351-4608007
 ¿COMBATIR LA TRATA DE PERSONAS O LA PROSTITUCIÓN?
 Por Jimena C. Kedikian Renaudeau. INECIP Cba.
 Ante el inminente tratamiento por parte de la legislatura provincial, del proyecto lanzado por el gobernador de la provincia días atrás, por el cual se propicia la inmediata clausura y prohibición de instalación en todo el territorio provincial de los locales de alterne, comúnmente conocidos como whiskerías, se abre un debate que data de décadas atrás, pero que se mantiene vigente en la actualidad. El proyecto, que concretamente plantea la erradicación de estos locales, continúa la línea de respuestas estatales que se han obtenido en los últimos (por lo menos) diez años, por la que, ante cualquier problemática específica, el Estado responde satisfaciendo su pretensión punitiva mediante la sobrecriminalización de conductas. No hay dudas acerca de que hacen falta políticas públicas para luchar contra las organizaciones delictivas destinadas al tráfico, la trata y la explotación de mujeres. La trata de personas, y dentro de ella el comercio de mujeres, niñas y niños para ser explotadas sexualmente, es una epidemia que cada día afecta a más personas en todo el mundo. Jóvenes mujeres son retiradas de sus países o lugares de pertenencia a través de engaños con la promesa de un futuro mejor y luego incluidas dentro del circuito perverso de la explotación sexual. Con la federalización del delito de trata de personas por medio de la sanción de la Ley 26.364, en el mes de abril del año 2008, nuestro país inició el camino hacia la implementación de medidas tendientes a prevenir y sancionar la trata de personas. Que el código penal, castiga a la persona que explota económicamente la prostitución ajena, está claro. Que existen en nuestra provincia decenas de locales que en forma encubierta –o no-, explotan la prostitución ajena, lo sabemos todos. Que casi la totalidad de las veces que se realiza un allanamiento en estos locales, el explotador no se encuentra ahí, ni se lo logra ubicar o siquiera identificar, es de público conocimiento. Pero separemos algunas cuestiones:
 EJERCICIO VS. EXPLOTACIÓN
 Hay distintas posturas en relación a la distinción entre prostitución “voluntaria” y prostitución “forzada”. Hay autores y grupos que sostienen que tal distinción no existe, que la prostitución es una forma más de opresión que impide el pleno desarrollo de las mujeres, y que da lugar a la explotación de personas, cualquiera sea su forma. Desde otro lugar, están quienes sostienen que la distinción existe, que es posible el trabajo sexual como actividad autónoma, en tanto no implique ningún tipo de intermediación, es decir de explotación. Es claro, no obstante, que tal planteo requiere, para su materialización, medidas concretas distintas a las planteadas en el proyecto de ley recientemente elevado. A partir de 1936, con la sanción “Ley de Profilaxis Antivenérea”[i] y la firma en el año 1949 del “Convenio para la represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena”, nuestro país se enrola en una postura abolicionista al establecer en ambos instrumentos legales la prohibición de establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución. Dicha postura se morigeró con la ratificación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), que tiene jerarquía constitucional a partir del año 1994. La Convención establece que “los Estados Parte deben tomar todas las medidas apropiadas para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer”. Es decir, promueve la prohibición de la instalación y/o habilitación de prostíbulos y la explotación de la prostitución ajena, pero no el ejercicio autónomo de la misma. El tema central pareciera ser entonces establecer el alcance del término explotación, específicamente en los casos en que haya mujeres que resuelvan utilizar este tipo de locales como base para el ejercicio de la prostitución de modo autónomo. Este proyecto se inscribe en el postulado abolicionista, negando cualquier posible distinción entre prostitución autónoma y prostitución forzada, cuando tal actividad se desarrolle con base en locales “de alterne”. Se puede advertir que su efecto- en tanto política pública- y aún con las mejores intenciones, será promover el descontrol estatal sobre la problemática de la trata y la explotación sexual, en lugar de contribuir a una lucha contra la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena. Más aún, esta medida constituirá una herramienta legal de persecución informal y de ejercicio sin control del poder de castigar a las mujeres que voluntariamente deciden ejercer la prostitución, condenándolas a una situación de vulnerabilidad extrema y a ser blanco de abusos de integrantes de las fuerzas de seguridad. Ahora bien, ¿qué sucederá con las mujeres que pese a las consideraciones abolicionistas siguen eligiendo ejercer la prostitución en forma autónoma?. Al desaparecer los inmuebles dedicados a la prostitución, no tendrán otra opción que salir a la calle en situación de clandestinidad y de vulnerabilidad extrema. Mediante la creación de figuras contravencionales (o penales) que sancionen la prostitución, se faculta a la policía a realizar detenciones sin intervención judicial previa. Entonces, lejos de lograr detenciones de empresarios que se dedican al comercio de mujeres, que durante años han estado escondidos tras nombres ocultos, la policía “llenaría las comisarías de prostitutas”. Por ello, creemos que es importante que legislativamente se avance en la determinación del concepto de explotación, para ayudar a discriminar casos en donde ésta se configura, de otros casos en los que las mujeres deciden autónomamente ejercer la prostitución. Así, se esclarecería la fina línea que divide lo permitido de lo prohibido. Pero una política democrática de gestión de la conflictividad no puede construirse sobre la idea de que la política criminal se agota con actos legislativos. Se requieren políticas públicas que abarquen consideraciones sobre lo económico, educativo, social y la salud, que acompañen acciones legislativas como la que analizamos. Sobran ejemplos de incorporaciones legislativas que no han producido cambios sociales positivos, ni han mejorado la situación problemática que les dio origen. Está probado que el agravamiento de las penas y el engrosamiento legislativo penal no han dado respuestas eficaces en la sociedad. Para un tratamiento maduro de esta ley es necesario, en primer lugar, un plan de acción que permita obtener información de base indispensable (actividad que nuestros actores estatales a menudo descuidan); y en segundo término, promover la participación de las organizaciones de la sociedad civil especializadas en la temática y, fundamentalmente, de organizaciones de base que representan y nuclean a las mujeres involucradas. Sería un acto de barbarie desoír a quienes se reconocen como trabajadoras sexuales. Es preciso “oír su voz”, ellas son las directamente afectadas hoy y las potenciales afectadas mañana. También son las primeras en ponerse frente a la lucha contra la trata y la explotación de mujeres. En este sentido, no es posible llevar adelante el debate dentro de un laboratorio. Para que haya respuestas eficaces, tiene que haber participación, coordinación y articulación de acciones entre el Estado y la sociedad civil. [i] Ley Nª 12331



13 de agosto, 2010

INCLUSIÓN Y RECONOCIMIENTO

Trabajadoras/es sexuales acceden a beneficios de seguridad social y salud
El Sistema de Seguridad Social continúa abarcando a más ciudadanos. Los trabajadores y trabajadoras sexuales pueden ahora aportar al BPS mediante una empresa unipersonal, accediendo a todos los derechos en materia de seguridad social y salud. Ya que su realidad económica es compleja, en breve se aprobará un decreto que disminuirá sensiblemente su tributación. La apuesta es a la inclusión y al reconocimiento de sus derechos.
El Banco de Previsión Social (BPS) presentó un material de difusión sobre derechos y obligaciones en seguridad social de trabajadores y trabajadoras sexuales.
En el acto participaron: el presidente del BPS, Ernesto Murro; el director representante de los trabajadores, Ariel Ferrari; el director representante de jubilados y pensionistas, Geza Stari; el representante del Programa ONU/SIDA en Uruguay, Juan José Meré, y delegadas de las distintas asociaciones que agrupan a trabajadoras y trabajadores sexuales.
Los beneficiarios: sus derechos y obligaciones
El presidente del BPS, Ernesto Murro, informó que aquellos trabajadores y trabajadoras sexuales que se afilien al BPS como una empresa unipersonal podrán acceder a: jubilación, pensión, asignaciones familiares, atención de salud para ellos/as y sus hijos/as, así como prestaciones en caso de enfermedad y discapacidad, así como lentes y otros beneficios, cumpliendo las condiciones en cada caso.
Se consideran trabajadores y trabajadoras sexuales a quienes siendo mayores de 18 años ejercen el trabajo sexual recibiendo a cambio una remuneración en dinero o especie.
Para acceder a los beneficios deben estar registradas/os en el Ministerio de Salud Pública (MSP) y autorizadas/os a ejercer esa tarea dentro de las disposiciones reglamentarias existentes.
Camino de lucha desde el comienzo
Este lanzamiento se enmarca en un proceso extenso que comenzó en 1995 cuando el directorio del BPS aprobó la resolución por la cual reconocían el trabajo sexual de las mujeres. De esta forma, decenas de personas pudieron jubilarse y la realidad del trabajo sexual comenzó a considerarse, según informó Murro.
La Ley 17.515 de Trabajo Sexual del año 2002 fue un avance. Ahora se debe promover su reglamentación y aplicación; a ello se comprometió este Gobierno.
El 17 de diciembre de 2009 se aprobó la extensión del reconocimiento de los derechos a hombres y transexuales.
Desde el año pasado se trabaja en busca de caminos comunes en un tema desconocido. Fue necesario aprender a hablar de estos temas, preguntar cómo decir determinadas cosas. A esta tarea se sumó ONU/SIDA y las distintas asociaciones.
En junio de 2010 con la aprobación de la Ley de Unión Concubinaria que reconoce la unión entre personas del mismo sexo y diferente, se continuó la lucha contra la exclusión y se abrió una nueva etapa. Con este logro, 700 personas accedieron a pensiones de viudez (concubinatos superiores a cinco años). Esto fue posible gracias a las tareas de investigaciones de los funcionarios del BPS ya que sólo 20 casos tienen su origen en una sentencia legal.
BPS busca ampliar el acceso
Murro explicó que en muchos casos las trabajadoras y trabajadores sexuales no pueden hacer frente al valor de los aportes, que rondan los 2.500 pesos, dada su situación de marginación social. Es por ello que el BPS envió un proyecto de decreto al Poder Ejecutivo para que el aporte se realice mediante la modalidad de monotributo. De esta forma, el importe disminuye notoriamente (unos 650 pesos). El Jerarca confía que en las próximas semanas o meses se aprobará.
Otras puertas se pueden abrir
En muchos casos una aspiración latente de estas personas es abandonar el trabajo sexual y dedicar su vida a otras tareas.
En este sentido, el BPS informó que el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) manifestó su voluntad de coordinar con las instituciones adheridas, la generación de oportunidades de capacitación en otras actividades.
Ya se realizó un proyecto piloto con el Colectivo Ovejas Negras y se prevé instrumentar en breve una capacitación en empaque (packing).
Apoyo de Naciones Unidas
El sociólogo Juan José Meré explicó que el Programa ONU/SIDA apoya este tipo de iniciativas por la importancia que tiene brindar elementos a estas personas para informarse y acceder a sus derechos y así salir del ocultamiento.
Además, la realidad de la enfermedad (VIH SIDA) a nivel mundial, que afecta a muchas trabajadoras y trabajadores sexuales, hace necesario contar con las herramientas para hacer frente a los tratamientos.
Meré dijo que es incalculable todo lo que avanzó nuestro país en materia de seguridad social y lo calificó como un hecho inédito en América Latina.
La palabra de las beneficiadas
Gloria Álvez de la Asociación de Transexuales del Uruguay (ATRU) se congratuló por el logro y dijo que aspira a lograr una concientización sobre el tema para que todas se afilien.
Marina Oviedo, representante de la Asociación de Meretrices del Uruguay (AMEPU) indicó que más allá de reclamar derechos, también es importante que cumplan con las obligaciones. Asimismo, reconoció la labor de todos quienes participaron en la elaboración del folleto.
Josefina González, delegada de la asociación “Kilómetro 0” expresó su agradecimiento y quebró una lanza por el colectivo trans aspirando a que en un futuro no muy lejano no se las limite al trabajo sexual. Es posible dedicarse a otras tareas, abrir otras puertas. De todas formas dijo que es un gran logro la aportación por ser una forma de regularización.
Magdalena Carrera de “Red UTRASEX” agradeció el trabajo conjunto, y confía en que será posible ser visto como cualquier otro gremio representado en la sociedad.
Michelle Suárez es representante del “Colectivo Ovejas Negras” y de profesión abogada (recientemente recibida), dijo que se transita un camino de inclusión social para grupos vulnerables, que permite una efectivización de los derechos.
La apuesta es a la igualdad, porque no existen ciudadanos de clase A y B.
Suárez destacó la forma de trabajo y el aporte de todos.
La información existente en el folleto permite contener en muchos aspectos. Es bueno tener la posibilidad de informar porque quienes están en condiciones de marginación, tienen poca tolerancia al fracaso, por lo que si no acceden fácilmente a los datos de interés, desisten.
Podrá encontrarse mayor información en: www.bps.gub.uy

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