1.
Cuando nuestro país logró iniciar un ciclo político democrático de largo alcance en el que, felizmente, aún nos encontramos, la cuestión de la seguridad y la impunidad fueron dos temas importantes y, como ahora, maltratados por el oportunismo populista de derecha al estilo de un casi olvidado personaje: Bernardo Neustadt. Él le puso nombre, Doña Rosa, a un tipo social construido. Las características de ese personaje, su “interlocutor” ideal para lo que era su monólogo real, eran la de una mujer mayor, dotada de una credulidad por todo aquello que se puede suponer como un “hecho dado” sin ningún esfuerzo mental para preguntarse quién lo “ha dado por hecho”. Llena de estereotipos y prejuicios, Doña Rosa es alguien que se siente inocente de todo pecado personal, y sobre todo social. Tiene “amor por los suyos” y miedo ante los “extraños” y si uno la deja hablar un poquito en confianza, pensaba que “antes, con los militares, estábamos mejor”.
Este notable personaje mediático que en los diálogos fingidos creía a pie juntillas en las palabras de su creador, tenía una clara percepción de la inseguridad democrática. El miedo frente a los riesgos de una sociedad abierta, alentaba su apoyo a las iniciativas facistoides o a las no menos peligrosas campañas de “ley y orden” que tuvo que sortear el gobierno de Raúl Alfonsín .
2.
Hoy nos encontramos con una situación en la que se mueven parecidos intereses y tendencias políticas y sociales. Pero las doñas rosas se han multiplicado y tienen hijos e hijas, nietos y nietas, familias enteras que han adoptado sus valores. Aunque no son mayoría en la población, su peso político es grande, sobre todo cuando los medios masivos son agentes activos de las campañas basadas en el miedo.
Un conocido jurista, James Goldshmidt dijo alguna vez que el derecho procesal penal es el termómetro político de toda sociedad. Podríamos ampliarlo y decir que el sistema penal es ese termómetro político. Hoy diríamos que la fiebre es muy alta, hasta el punto que hace delirar al paciente. En la época de la dictadura, la fiebre era tan baja que, ante tantos crímenes horrendos que no es preciso enumerar, sólo pequeñísimas minorías reclamaban justicia.
Son dos momentos en la historia clínica de una sociedad que vive acosada por el miedo, paralizada (me quedé frío, se dice ante el terror) o agitada febrilmente por una voluntad punitiva (con el dolor de las víctimas “caliente” por la vejación sufrida).
La temperatura que logra levantar Blumberg en su momento, o Massa ahora se apoya en algo real, por supuesto. La ley y el orden son necesarios y una sociedad democrática es eso precisamente. Pero ocurre que los abanderados de esas dos condiciones son generalmente anti democráticos. Es que cuando esos grupos se quejan de la ausencia de ley y orden, pareciera que no son ellos mismos quienes transgreden la ley y quienes promueven el desorden. No quieren pagar lo que les corresponde en impuestos, no les molestan los delitos contra los pobres, como la usurpación y desalojo de campesinos y villeros, pero sí se ponen en posición de fiscales para todo aquello que consideran gasto improductivo, como la ayuda a personas en situación de pobreza. No les molesta el gatillo fácil porque generalmente da en un blanco que han deshumanizado. Y tampoco les interesa mucho que en los cuerpos policiales el perfil duro y torturador cambie por uno respetuoso e inteligente.
3.
Pero para una persona de esas que se consideran “normales y honestas”, descendientes de Doña Rosa, la cuestión es tan simple como la aserción: “todo delito debe ser castigado”, seguido de: “se cometió el delito x, luego debe haber una sanción por este hecho”. Y no se equivocan al decirlo, sino al esperar que en forma automática, algo que por ley debe ser, se convierta en un hecho que dé cumplimiento al deber. Pero entre una cosa y otra no hay una relación necesaria. No solamente no hay, sino que no puede haberla y quizá, pienso, es una suerte que no la haya. Porque si queremos imaginar un mundo donde sea absolutamente necesario (como la causa al efecto mecánico) el cumplimiento de la ley, tenemos que pensar en un totalitarismo perfectamente acabado sin eso que llamamos humanidad, aunque conserve alguna apariencia de tal.
Si se eliminaran las instancias que separan la comisión de un delito y la posibilidad de aplicarle una pena al culpable, se podría poner en práctica un sistema de “justicia linchadora” que lleva el nombre de un tal Lynch, no por casualidad norteamericano. Una ley así no necesita de toda esa arquitectura que durante siglos ha ido construyendo el Estado de Derecho: “¿Para qué policía judicial, si los vecinos podemos armarnos y decidir quién es el criminal, cuál es el crimen y decidir qué hacer con él?” Claro que con una ley así, cada uno debe asumir el riesgo de ser acusado de asesino, de violador, de estafador, o lo que queramos considerar que merece castigo, porque sin un Código Penal el delito es una creación simultánea con la acusación.
¿La gente que se cree “normal y honesta” no tiene nada que temer en un sistema de esas características? No creo que la grandísima mayoría quiera vivir así. Claro que plebiscitar la estupidez puede ser un camino para lograrlo. El castigo no sigue necesariamente al crimen. La impunidad no puede eliminarse en ningún sistema social. Solamente por razones de necesidad política fundante de la democracia es que se pone una especial energía en castigar crímenes gravísimos. Siempre, o casi siempre, el empeño de las víctimas juega un papel en esta dirección. Es inevitable que cientos de miles de actos que la ley penal considera punibles queden sin respuesta judicial. Pero en los delitos que sí hay el máximo interés en esclarecer y llevar a juicio las pruebas acusatorias son los que tienen penas más elevadas. Por esto mismo es necesaria la prudencia si no se quiere castigar sin pruebas y sin derecho a la defensa. Por lo tanto no puede haber respuesta de “castigo inmediato” si no queremos aumentar la cantidad de inocentes que sin duda existen en las prisiones.
Por G. Cosacov
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