En las medidas punitivas tambien caen la penalizacion a los consumidores. Bajo lo punitivo se asocia consumo, trabajo sexual, criminalización y judicialización. Un combo de vigilancias estatales!. Se homologa el miedo y el peligro del trabajo sexual (subjetivación política mediante) con con la trata de personas, se opaca toda distinción en voluntad de trabajo y esclavitud.
Copyleft Martin De Mauro 2012
Prometen erradicar whiskerías y narcos
De la Sota anunció leyes en contra de la trata de personas y del tráfico de drogas. Fiscales provinciales investigarán el narcotráfico.
El gobernador José Manuel de la Sota anunció ayer una serie de medidas, entre ellas la creación de programas provinciales, de una secretaría de Estado y hasta de un juzgado, para luchar contra la trata de personas y contra el narcotráfico.
Lo hizo en el auditorio del Centro Cívico del Bicentenario iluminado con luces led de colores, con una presentación multimedia que enumeró los logros de la actual gestión y con la presencia de Susana Trimarco, la madre de la joven desaparecida Marita Verón, víctima de la trata, a quien De la Sota saludó como “una mamá que está luchando contra las mafias”.
En este marco y como único orador, el gobernador anunció el envío a la Legislatura provincial de dos proyectos de ley: uno referido a la trata y otro al narcotráfico. El primero, dijo, servirá para “desbaratar las mafias de la trata de personas” a través de la “inmediata clausura y erradicación de locales de alterne, de whiskerías que –aseguró– funcionan como prostíbulos y son las bases de operaciones de las mafias que trafican con la dignidad humana”.
La iniciativa prevé la modificación del Código de Faltas, la persecución a los “regenteadores” de estos locales, y la invitación a los municipios del interior a adherir. También se creará un cuerpo especial de Policía que luchará contra este flagelo y un Registro de personas buscadas.
Para coordinar todas estas iniciativas se eleva al rango de Secretaría de Estado a la actual dirección de Lucha contra la Trata, organismo que seguirá a cargo de la ex legisladora María Amelia Chiófalo.
Además, la Provincia adherirá a la ley nacional que prohíbe la publicación de avisos de oferta sexual en los medios de comunicación, “incluso –dijo De la Sota– de aquellos que lo hacen de manera encubierta, simulando ser casas de masajes”.
Fuero especial antidrogas. La otra normativa anunciada prevé la adhesión de Córdoba a la ley nacional 23.737 de Estupefacientes, que reconoce competencia a la Justicia provincial para investigar, perseguir y juzgar el tráfico de drogas, y penar los delitos relacionados con la venta o distribución en escala menor. Para ello se creará un fuero especial (ver “La Justicia...”), y se habilitará una línea telefónica gratuita (0810-888-3368) para la recepción de denuncias anónimas.
El trabajo sexual no es trata
Frente al anuncio del gobierno provincial del envío de sendos proyectos de ley que establecen la lucha contra la trata y la explotación sexual, la asociación de mujeres meretrices argentinas de córdoba expresa la insuficiencia de estas medidas por tratarse de mecanismos que conllevan el riesgo de promover una mayor clandestinidad de la actividad.
Recordamos que en la actualidad está prohibido por el código penal el proxenetismo mientras no conocemos que existan algunos procesados por este delito en la provincia.
La falta de consulta por parte del gobierno provincial a nuestra organización, invisibilizando al colectivo político organizado, demuestra que no se pretende terminar con la trata sino criminalizar la actividad.
Primero hay que diferenciar el trabajo sexual de la trata de personas.
Desde el Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Córdoba entendemos principalmente que no se respeta nuestra decisión, ni voluntad, yendo en contra de la libertad de decisión de cada individuo.
La prostitución es una actividad de instancia privada, licita no penalizada, cuando hablamos de mujeres mayores de edad, siendo un modo de subsistencia de la que viven miles de familia en la actualidad.
Segundo, se desconoce nuestra asociación ya que somos una organización sindical nacional (con personería jurídica), enrolada en la Central de Trabajadores de la Argentina que hace ya más de 12 años representa a más de 800 trabajadoras sexuales tan sólo en la ciudad de Córdoba.
Repudiamos enérgicamente que se hagan proyectos de ley sin ni siquiera acercarse a nuestra realidad.
Apostamos desde la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina a la legislación de la actividad, para no caer en las redes mafiosas propias de la clandestinidad y del vacío legal que existe. Estamos cansadas que lo único que hagan con el sector es criminalizarlo, construyendo herramientas punitivas, y no propuestas inclusivas. Como AMMAR proponemos la constitución de cooperativas de trabajo llevadas adelante y gestionadas por las propias compañeras sin proxenetas de por medio.
Por último queremos sentarnos con el gobierno provincial a garantizar de manera conjunta el trabajo sexual bajo condiciones dignas de higiene y seguridad, y nos ponemos a disposición del señor Gobernador y del conjunto de los legisladores cordobeses para colaborar en todo lo que podamos para combatir la trata de personas.
BASTA DE DESCONOCERNOS E INVISIBILIZAR NUESTRAS VOCES, EXIGIMOS QUE SE NOS INCLUYA EN LOS DEBATES DE POLÍTICAS PUBLICAS QUE AFECTEN A NUESTRAS VIDAS.
Recordamos que en la actualidad está prohibido por el código penal el proxenetismo mientras no conocemos que existan algunos procesados por este delito en la provincia.
La falta de consulta por parte del gobierno provincial a nuestra organización, invisibilizando al colectivo político organizado, demuestra que no se pretende terminar con la trata sino criminalizar la actividad.
Primero hay que diferenciar el trabajo sexual de la trata de personas.
Desde el Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Córdoba entendemos principalmente que no se respeta nuestra decisión, ni voluntad, yendo en contra de la libertad de decisión de cada individuo.
La prostitución es una actividad de instancia privada, licita no penalizada, cuando hablamos de mujeres mayores de edad, siendo un modo de subsistencia de la que viven miles de familia en la actualidad.
Segundo, se desconoce nuestra asociación ya que somos una organización sindical nacional (con personería jurídica), enrolada en la Central de Trabajadores de la Argentina que hace ya más de 12 años representa a más de 800 trabajadoras sexuales tan sólo en la ciudad de Córdoba.
Repudiamos enérgicamente que se hagan proyectos de ley sin ni siquiera acercarse a nuestra realidad.
Apostamos desde la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina a la legislación de la actividad, para no caer en las redes mafiosas propias de la clandestinidad y del vacío legal que existe. Estamos cansadas que lo único que hagan con el sector es criminalizarlo, construyendo herramientas punitivas, y no propuestas inclusivas. Como AMMAR proponemos la constitución de cooperativas de trabajo llevadas adelante y gestionadas por las propias compañeras sin proxenetas de por medio.
Por último queremos sentarnos con el gobierno provincial a garantizar de manera conjunta el trabajo sexual bajo condiciones dignas de higiene y seguridad, y nos ponemos a disposición del señor Gobernador y del conjunto de los legisladores cordobeses para colaborar en todo lo que podamos para combatir la trata de personas.
BASTA DE DESCONOCERNOS E INVISIBILIZAR NUESTRAS VOCES, EXIGIMOS QUE SE NOS INCLUYA EN LOS DEBATES DE POLÍTICAS PUBLICAS QUE AFECTEN A NUESTRAS VIDAS.
AMMAR - Córdoba
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